Antagonismos

SURda

Opinión

Samuel Blixen

 

El enfrentamiento entre el gobierno y el movimiento sindical, más algunos sectores del FA, por la anunciada política de “eficiencia y austeridad” puede exponer contradicciones profundas.

En la perspectiva de las propuestas históricas del Frente Amplio y los principios que las sustentaban, muchos de sus dirigentes actuales parecen confirmar la sentencia según la cual “la conciencia humana es un trágico paso en falso en la evolución”. Pero es cierto: ha pasado mucha agua debajo de los puentes, en especial los puentes de acceso al poder, cuyo tránsito a lo largo de 25 años (en el gobierno departamental primero y en el nacional después) ha consolidado un enfoque más realista, más maduro, más pragmático, más dúctil. Hemos avanzado, de modo que ahora la realidad impone otro enfoque: “el retroceso relativo del avance”.

Eficiencia y austeridad. Tales los lineamientos rectores para los próximos años que imprimirán el sesgo del presupuesto quinquenal. El “achique” viene precedido por una especie de terrorismo oficial, que advierte sobre un cambio radical de los vientos y la aparición de los primeros fríos recesivos. La meteorología política genera consecuencias que tienden a confirmar sus propios pronósticos. El susto de lo que puede venir precipita el achique y, de paso, estimula una especie de fatalismo ante los superpoderes de una “economía global” inasible e inidentificable.

Pero no todos están de acuerdo. Los lineamientos económicos vienen generando una sorda resistencia en las filas frenteamplistas. La resistencia –ante una respuesta “ortodoxa” a una supuesta crisis, que renuncia a la instrumentación de medidas anticíclicas– pone el acento en la crítica a la estrategia de contención del gasto público, desestimulación del consumo y rebaja salarial por la vía de los hechos, para combatir la inflación y reducir el déficit; es decir, la receta que hace diez años se rechazó en términos generales.

Sin embargo, esa resistencia, que puede reflejar en el ámbito frenteamplista la opción por otras estrategias, se distorsiona con el renovado ajuste de cuentas interno, la batalla por espacios de poder y hasta los enfrentamientos personales. ¿En qué medida se reflejan los desacuerdos políticos, eventualmente las diferencias filosóficas, y en qué medida operan las rencillas?

Botones de muestra: los resultados de la gestión en Ancap hicieron estallar críticas frenteamplistas de última hora, de inusitada dureza. La publicista Selva Andreoli en una tertulia radial sugirió que si los responsables de Ancap estuvieran en la órbita privada, ella los despediría sin más. Pegado en el dial, en otra tertulia simultánea, su esposo, Esteban Valenti, chicoteaba con críticas similares. Por entonces el ministro de Economía, Danilo Astori, manifestaba su “sorpresa” por la realidad financiera del ente, que dijo desconocer aun en su calidad de vicepresidente en el anterior gobierno, a lo que el actual senador José Mujica respondió que la falta de información había sido intencional. Todos los dardos fueron lanzados contra el actual vicepresidente, Raúl Sendic, lo que genera por lo menos una incómoda relación en los círculos máximos del gobierno. Mientras, en una gestión casi desapercibida, el presidente Tabaré Vázquez firmó en Caracas una serie de acuerdos trabajados por representantes de los sectores criticados, entre los cuales figura una quita sustancial a la deuda por compra de petróleo que Ancap mantiene con la venezolana Pdvesa y que mejorará sustancialmente los números del ente.

Hay otros botones de muestra: la “sorpresa” primera sobre las gestiones en torno al Tisa, para una liberalización del comercio mundial de servicios, gestiones de las que no estuvieron al tanto algunos integrantes del anterior gabinete y que hubieran promovido el debate sobre las consecuencias de un tal acuerdo antes de incurrir en participaciones que pueden generar compromisos. O la intempestiva suspensión de las obras de construcción del Antel Arena, reclamada por el presidente y que el directorio del ente aprobó casi a tapas cerradas. La decisión tomó por sorpresa, en primer lugar, a la actual ministra de Industria, Carolina Cosse, quien desde la presidencia de Antel había defendido empecinadamente el proyecto, que ahora podrá resucitarse, pero con participación de privados, lo que implicaría una privatización al menos parcial de un excelente negocio.

La agudización de las confrontaciones y los antagonismos entre las dirigencias frenteamplistas no son nuevos, y a la luz de la experiencia pasada no tendría consecuencias más allá de un statu quo cada vez más tenso, pero que la “unidad en la diversidad” es capaz de asimilar sin fracturas. Lo que hay que medir, sí, es en qué medida esas confrontaciones están expresando diferencias más de fondo.

Algunas de ellas han estado latentes desde el mismo día en que el FA asumió el gobierno nacional por primera vez. La reforma impositiva introdujo desde el comienzo la cuestión de la distribución de la riqueza, una polémica atenuada por las políticas sociales, en particular con respecto a la pobreza extrema y a las orientaciones sobre los salarios, con el impulso a favor del “viento de cola” que las hizo posibles. Pero, paralelamente, se desplegó una política generosa de ausencia de contraprestaciones, que explican el crecimiento inaudito de las inversiones extranjeras directas y algunos emprendimientos trasnacionales en el rubro de la madera y de la lechería, particularmente. El viento de cola y las políticas sociales escondieron algunos aspectos del proceso económico, como las exenciones tributarias y los beneficios de zona franca.
Hoy, cuando se prenden las alarmas que preanuncian la llegada de la crisis –se proponen nuevas pautas salariales, reducción de la inversión pública y se pone en duda la concreción de algunas promesas electorales–, salen a la superficie algunas evidencias: por ejemplo, las exoneraciones fiscales, principalmente por la ley de promoción de inversiones, significaron, sólo en 2013, renuncia del cobro (gasto fiscal, según la Dgi) por un total de 1.350 millones de dólares. Vale la pena consignar que el “gasto fiscal” del Estado en 2013 representó el 5,3 por ciento del producto bruto interno, equivalente, según el economista Antonio Elías, a la masa salarial de la administración central y, lo que es más sugerente, una cifra muy cercana al 6 por ciento que se destinará, si no operan recortes, a la educación en todo un quinquenio.

En las filas de los responsables frenteamplisas (ministros, legisladores y dirigentes) hay un mar de fondo que se manifiesta cada vez con mayor claridad. Algunos operadores realizan febriles esfuerzos para modificar los criterios que impulsa el Ministerio de Economía, en especial las anunciadas pautas salariales. Otros coinciden con el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, quien explícitamente concluye que en 2019, si se cumple con los compromisos asumidos, el déficit fiscal al final del período será de 3,5 del Pbi, una brecha que impone un “dilema presupuestal”; es decir, no podrán cumplirse los compromisos asumidos.

El Pit-Cnt, que hizo suyas las conclusiones de Olesker en el Instituto Cuesta-Duarte, propone una vía alternativa al “achique”, fundamentalmente mediante una modificación impositiva (del Irae, del Irpf en los escalones más altos, del Imesi y del Iva, con un plus para los productos suntuarios) que apunta a una mayor recaudación sobre los sueldos y honorarios más altos, las rentas de capital y la reducción de las exoneraciones fiscales.

La central sindical hace punta en el enfrentamiento a las políticas económicas; pero el debate será, fundamentalmente, en el Parlamento. Ahí se verá en qué medida el “partido del Parlamento” será capaz de modificar la orientación del “partido del Ejecutivo”; o por el contrario, sacrificar las diferencias en aras de la unidad. En esta coyuntura y en esa perspectiva, parece inevitable un “desflecamiento”.

Fuente: Brecha